SE COMPRA TIEMPO.-

La citación de la juez Gema Gallego a Ramírez, el superior de los tres peritos, como imputado en un posible delito de falsedad documental devuelve las cosas al punto de partida, varias semanas atrás, cuando la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó su denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla.
Tal como el sentido común dictaba, se ha imputado (sin que eso prejuzgue su culpabilidad) a quien tomó un informe redactado por tres peritos, suprimió párrafos, firmó el informe como si el análisis lo hubiera realizado él y ocultó con todo ello al juez Del Olmo datos que los peritos habían creído oportuno adjuntar. Es decir, se ha imputado a quien tiene visos de haber cometido una falsedad documental consciente.
Lo importante es que, por primera vez, se imputa un posible delito de falsedad a un funcionario policial en relación con el sumario del 11-M. Por el motivo que fuera (órdenes políticas, preferencias personales de índole ideológico o cualquier otro) ha habido personas que han manipulado pruebas, que han falsificado informes, que han amañado declaraciones de testigos. Y esas personas van a pagar por lo que hicieron. Pase el tiempo que pase. Se ha producido ya la primera imputación en relación con el montaje de la versión oficial. No será la última.
Con la jugada de Garzón, lo único que el Gobierno ha logrado han sido dos cosas: proporcionar un poco de carnaza a aquéllos que están dispuestos contra viento y marea a sostener una versión oficial que se derrumba, y ganar un poco de tiempo. Unas pocas semanas.
Lo cual nos lleva a una consideración interesante: ¿Tan valiosas son ya unas pocas semanas de tiempo como para haber sacrificado a Garzón? ¿Tan mal están ya las cosas para el Gobierno que tiene que pagar tan caro un poquitín de tiempo?
El episodio de la juez Gallego pone de relieve, en relación con esto, otra cosa: que el poder del Gobierno no ha sido suficiente ni para acallar a tres policías honrados, ni para hacer que una juez de Plaza de Castilla pase por el aro que El País y El Paisillo – antes ABC - le enseñaban. El largo brazo del Gobierno (y de sus medios de comunicación amigos) tiene un alcance mucho más corto del que nosotros nos creíamos. Y del que ellos mismos quisieran.
SEGUNDO INTENTO. Fracasado el intento de obstaculizar la investigación de la presunta falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M por la vía del juez Garzón, el Gobierno recurre ahora al abogado del Estado, personado en la causa que se sigue contra los jefes de los peritos que firmaron el informe. Este viernes, la juez Gema Gallego tomó declaración a Francisco Ramírez, que entro y salió en calidad de imputado, en presencia de su defensa pero no permitió la presencia del abogado del Estado, que pide por ello la anulación de todas las actuaciones.