DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PAGARON TRES VECES LA MISMA FACTURA A UNA ENTIDAD AFÍN. CONCEPTOS DE PAGO: “SOCIEDAD Y MOVIDA” Y “FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO”.
El llamado «caso Unidad» sigue deparando novedades en forma de documentación irregular. El PP dio ayer una vuelta de tuerca más al escándalo de la facturación irregular por parte del Ayuntamiento de Sevilla y denunció que la Federación de Asociaciones de Vecinos, Unidad, triplicó en el año 2003 una misma factura para cobrarla esas tres veces, dos en el propio Ayuntamiento hispalense y una en la Diputación.
En rueda de prensa, el diputado provincial del PP Luís García Navarro explicó que la misma factura - la 5.082/03 - que sirvió para justificar por partida doble subvenciones en la Diputación y el Ayuntamiento, se pagó de nuevo en el Consistorio sevillano con el mismo número, misma fecha pero con conceptos e importes distintos.
Dicha factura, por un importe de 2.517,84 euros, fue cobrada en el año 2003 por Unidad tanto en el Ayuntamiento y la Diputación como justificación de subvenciones dentro de los programas «Sociedad y movida» - del Ayuntamiento - y «Fomento del asociacionismo en el área metropolitana» - de la Diputación -. Estos hechos se conocieron en 2006 y motivaron que los populares denunciaran el caso al Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla, que investiga el asunto desde octubre. Durante la época en la que se cumplimentaron estos expedientes, el presidente de la organización vecinal era Manuel Gómez Lobo, actualmente concejal del Partido Socialista.
En estos días, el Partido Popular ha conocido a través de ese juzgado que otra factura con el mismo número, fecha y también expedida por la copistería Copyur - ¿DE QUIEN ES ESTA COPISTERÍA? - pero con un importe de 1.369,04 euros y por un gastos de papelería distintos, fue cobrada por la Federación de Asociaciones de Vecinos (Unidad) dentro del mismo programa.
Esa tercera factura estaba incluida en el expediente de subvención otorgada por el Ayuntamiento de la capital hispalense, que, por tanto, pagó dos veces la misma factura -la otra la abonó la Diputación-. Esto es, la entidad vecinal cobró hasta tres veces en vez de una después de triplicar una misma factura e incluirla luego en los expedientes de justificación de gastos de esas subvenciones para el programa educativo destinado a los jóvenes sevillanos.
REITERADAS NEGATIVAS.
Tras la explicación de García Navarro, el concejal del Partido Popular en Sevilla Beltrán Pérez criticó con dureza que hayan tenido que conocer esta factura a través de la documentación remitida al juzgado, pues en el Ayuntamiento «se ha negado sistemáticamente al Partido Popular esta información y además en el pleno se insultó y gritó por pedirla. Sólo gracias a la copia del expediente del juzgado han aparecido estas irregularidades de la trama de corrupción plurianual urdida por el grupo municipal socialista desde el año 1999 hasta 2005».
Pérez calificó de «escándalo» que se incluyeran dos facturas duplicadas para el Ayuntamiento, y otra para la Diputación, asegurando que estos recibos fueron «metidos cerrando la justificación de ese año, deprisa y corriendo, y probablemente ninguno de los tres sea auténtico». El edil recordó las iniciativas emprendidas en Pleno el 14 de febrero, el 16 de marzo, el 13 de julio y el 28 de septiembre de 2006, cuando se requirió al alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que les facilitara hasta 34 expedientes de las subvenciones concedidas a Unidad por Alcaldía, «28 de ellas a dedo, por convenio directo». «Si nos diera todas las copias que le pedimos -añadió-, contaríamos algo tremendo, y ahora queda claro por qué no nos daban lo que pedíamos. Es un escándalo de financiación ilegal del PSOE».
«FALTA DE RESPETO».
El PP lamentó la «falta de respeto del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, hacia los sevillanos y sus representantes legítimos, por negarse a dar la cara y negar la información que se le está pidiendo sobre el fax enviado desde el grupo municipal socialista a Unidad con instrucciones para falsear una factura». El concejal Beltrán Pérez indicó que «el clamor y la indignación de los sevillanos crece cada día que pasa sin que Sánchez Monteseirín dé explicaciones sobre esto». «Lleva cinco días escondido, se niega a explicar nada y a darle los papeles al juez, y eso será por algo», recalcó.
En este sentido, el diputado provincial Luís García Navarro agregó que desde el pasado sábado el mismo Juzgado de Instrucción 14 está esperando que el alcalde remita el listado de las llamadas realizadas desde el fax del grupo municipal socialista en el año 2002», desde el que, según denuncia el PP, se remitió el fax a la Federación de Asociaciones de Vecinos dando instrucciones para falsificar facturas.
Eduardo Barba. ABC.
EDILES DEL PSOE IMPIDEN QUE SE DEBATA SOBRE EL FAX PARA MANIPULAR FACTURAS.
La ausencia de varios concejales del PSOE provocó ayer falta de quorum y con ello impidió que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla debatiese sobre el polémico fax remitido, en 2002, desde un teléfono del grupo socialista en el Consistorio a la Federación de Asociaciones de Vecinos, Unidad, en el que se daban instrucciones de cómo inflar una factura. La iniciativa la presentó el PP por la vía de urgencia y provocó uno de los escasos momentos de tensión vividos en el último pleno del mandato, marcado por celebrarse en plena campaña y por ser el último para varios de sus concejales.
La defensa de la urgencia de la moción la asumió el concejal del PP que destapó el asunto, Beltrán Pérez. Ante unos mermados bancos del Gobierno -sólo había seis concejales socialistas, entre los que no estaba el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín- y sí durante unos minutos el concejal Manuel Gómez Lobo, presidente de Unidad cuando se remitió el fax-, consideró que era urgente colaborar con la Justicia para aclarar el caso y ante la tensión que el tema provocaba avanzó con un «no me hagan hablar» que sabía que en esas dependencias también estaba el sello de Oikos 2000, una empresa vinculada con el caso de las facturas falsas del distrito Macarena, en cuya comisión de investigación aparece.
La alusión provocó protestas entre los socialistas y un rifirrafe con la presidenta del Pleno, Inmaculada Muñoz, que le exigió que se atuviese a defender la urgencia mientras el edil del PP reclamaba que no se le coartase la libertad de expresión. Pérez continuó afirmando que el fax, que autentificó la Policía, «cierra el círculo de la trama de corrupción y financiación ilegal del grupo de Monteseirín y es urgente que se sepa qué conexión había entre Monteseirín y Unidad».
Como ha informado ABC, El fax remitido a Unidad tenía, según denunciaron en su día los populares, «instrucciones directas» para que, de un gasto real de 814,30 euros, se hiciera una «factura falsa» de 1.700,85 y se mandara al grupo 1.218,90 y el resto a una caja fuerte. Dicho fax, fechado el 26 de abril de 2002 y dirigido a una mujer identificada como «Pepi», fue entregado el pasado martes al juzgado por Luís García Navarro, diputado provincial del PP y abogado, en ampliación de una denuncia de los populares que tramita dicho juzgado desde el pasado año, referida a supuestas facturas falsas en la Diputación sevillana.
«Monteseirín y su banda».
El concejal del PP Beltrán Pérez se preguntó ayer dónde está el dinero que, según revela ese fax, llegaba en sobres al Ayuntamiento, o dónde está «la llave de la caja fuerte», y echó en cara al Gobierno municipal su «poca colaboración» para esclarecer los hechos. Pérez aseguró que las denuncias de su grupo no van contra el PSOE -lo que provocó murmullos en las filas de éste-, sino contra quienes no respetan la Ley, «Monteseirín y su banda». Estas últimas palabras provocaron un nuevo rifirrafe dialéctico al señalar el portavoz socialista, Francisco Fernández, que no se podía insultar a los representantes de la ciudad. El conflicto finalmente se cerró al anunciar Pérez que retiraba «lo de la banda».
La respuesta del PSOE se dio fuera del Pleno. El portavoz socialista, Francisco Fernández, consideró que la iniciativa del PP venía a demostrar su «falta de respeto a la Justicia» con una propuesta «electoralista, interesada» con la que «intenta marcar el ritmo a los jueces de la ciudad de Sevilla y los pone en un serio aprieto porque los jueces son independientes y ninguno está afiliado al PP».
Fernández dijo entender que «el ex juez» -en referencia al candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido-, esté nervioso porque «se va a tener que sentar al otro lado de la mesa por hacer acusaciones absolutamente falsas. Miente quien afirma que el PSOE ha dado instrucciones sobre la forma de actuar en las facturas o que el PSOE ha recibido dinero» procedente de ellas. Además, celebró la diligencia con la que está actuando el juzgado respecto al caso porque «quedará constatada la inocencia del PSOE».
El portavoz socialista resaltó que corresponde al Juzgado de Instrucción número 14 aclarar el contenido del polémico fax y posibles responsabilidades.
Alvarado. ABC.
El llamado «caso Unidad» sigue deparando novedades en forma de documentación irregular. El PP dio ayer una vuelta de tuerca más al escándalo de la facturación irregular por parte del Ayuntamiento de Sevilla y denunció que la Federación de Asociaciones de Vecinos, Unidad, triplicó en el año 2003 una misma factura para cobrarla esas tres veces, dos en el propio Ayuntamiento hispalense y una en la Diputación.
En rueda de prensa, el diputado provincial del PP Luís García Navarro explicó que la misma factura - la 5.082/03 - que sirvió para justificar por partida doble subvenciones en la Diputación y el Ayuntamiento, se pagó de nuevo en el Consistorio sevillano con el mismo número, misma fecha pero con conceptos e importes distintos.
Dicha factura, por un importe de 2.517,84 euros, fue cobrada en el año 2003 por Unidad tanto en el Ayuntamiento y la Diputación como justificación de subvenciones dentro de los programas «Sociedad y movida» - del Ayuntamiento - y «Fomento del asociacionismo en el área metropolitana» - de la Diputación -. Estos hechos se conocieron en 2006 y motivaron que los populares denunciaran el caso al Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla, que investiga el asunto desde octubre. Durante la época en la que se cumplimentaron estos expedientes, el presidente de la organización vecinal era Manuel Gómez Lobo, actualmente concejal del Partido Socialista.
En estos días, el Partido Popular ha conocido a través de ese juzgado que otra factura con el mismo número, fecha y también expedida por la copistería Copyur - ¿DE QUIEN ES ESTA COPISTERÍA? - pero con un importe de 1.369,04 euros y por un gastos de papelería distintos, fue cobrada por la Federación de Asociaciones de Vecinos (Unidad) dentro del mismo programa.
Esa tercera factura estaba incluida en el expediente de subvención otorgada por el Ayuntamiento de la capital hispalense, que, por tanto, pagó dos veces la misma factura -la otra la abonó la Diputación-. Esto es, la entidad vecinal cobró hasta tres veces en vez de una después de triplicar una misma factura e incluirla luego en los expedientes de justificación de gastos de esas subvenciones para el programa educativo destinado a los jóvenes sevillanos.
REITERADAS NEGATIVAS.
Tras la explicación de García Navarro, el concejal del Partido Popular en Sevilla Beltrán Pérez criticó con dureza que hayan tenido que conocer esta factura a través de la documentación remitida al juzgado, pues en el Ayuntamiento «se ha negado sistemáticamente al Partido Popular esta información y además en el pleno se insultó y gritó por pedirla. Sólo gracias a la copia del expediente del juzgado han aparecido estas irregularidades de la trama de corrupción plurianual urdida por el grupo municipal socialista desde el año 1999 hasta 2005».
Pérez calificó de «escándalo» que se incluyeran dos facturas duplicadas para el Ayuntamiento, y otra para la Diputación, asegurando que estos recibos fueron «metidos cerrando la justificación de ese año, deprisa y corriendo, y probablemente ninguno de los tres sea auténtico». El edil recordó las iniciativas emprendidas en Pleno el 14 de febrero, el 16 de marzo, el 13 de julio y el 28 de septiembre de 2006, cuando se requirió al alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que les facilitara hasta 34 expedientes de las subvenciones concedidas a Unidad por Alcaldía, «28 de ellas a dedo, por convenio directo». «Si nos diera todas las copias que le pedimos -añadió-, contaríamos algo tremendo, y ahora queda claro por qué no nos daban lo que pedíamos. Es un escándalo de financiación ilegal del PSOE».
«FALTA DE RESPETO».
El PP lamentó la «falta de respeto del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, hacia los sevillanos y sus representantes legítimos, por negarse a dar la cara y negar la información que se le está pidiendo sobre el fax enviado desde el grupo municipal socialista a Unidad con instrucciones para falsear una factura». El concejal Beltrán Pérez indicó que «el clamor y la indignación de los sevillanos crece cada día que pasa sin que Sánchez Monteseirín dé explicaciones sobre esto». «Lleva cinco días escondido, se niega a explicar nada y a darle los papeles al juez, y eso será por algo», recalcó.
En este sentido, el diputado provincial Luís García Navarro agregó que desde el pasado sábado el mismo Juzgado de Instrucción 14 está esperando que el alcalde remita el listado de las llamadas realizadas desde el fax del grupo municipal socialista en el año 2002», desde el que, según denuncia el PP, se remitió el fax a la Federación de Asociaciones de Vecinos dando instrucciones para falsificar facturas.
Eduardo Barba. ABC.
EDILES DEL PSOE IMPIDEN QUE SE DEBATA SOBRE EL FAX PARA MANIPULAR FACTURAS.
La ausencia de varios concejales del PSOE provocó ayer falta de quorum y con ello impidió que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla debatiese sobre el polémico fax remitido, en 2002, desde un teléfono del grupo socialista en el Consistorio a la Federación de Asociaciones de Vecinos, Unidad, en el que se daban instrucciones de cómo inflar una factura. La iniciativa la presentó el PP por la vía de urgencia y provocó uno de los escasos momentos de tensión vividos en el último pleno del mandato, marcado por celebrarse en plena campaña y por ser el último para varios de sus concejales.
La defensa de la urgencia de la moción la asumió el concejal del PP que destapó el asunto, Beltrán Pérez. Ante unos mermados bancos del Gobierno -sólo había seis concejales socialistas, entre los que no estaba el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín- y sí durante unos minutos el concejal Manuel Gómez Lobo, presidente de Unidad cuando se remitió el fax-, consideró que era urgente colaborar con la Justicia para aclarar el caso y ante la tensión que el tema provocaba avanzó con un «no me hagan hablar» que sabía que en esas dependencias también estaba el sello de Oikos 2000, una empresa vinculada con el caso de las facturas falsas del distrito Macarena, en cuya comisión de investigación aparece.
La alusión provocó protestas entre los socialistas y un rifirrafe con la presidenta del Pleno, Inmaculada Muñoz, que le exigió que se atuviese a defender la urgencia mientras el edil del PP reclamaba que no se le coartase la libertad de expresión. Pérez continuó afirmando que el fax, que autentificó la Policía, «cierra el círculo de la trama de corrupción y financiación ilegal del grupo de Monteseirín y es urgente que se sepa qué conexión había entre Monteseirín y Unidad».
Como ha informado ABC, El fax remitido a Unidad tenía, según denunciaron en su día los populares, «instrucciones directas» para que, de un gasto real de 814,30 euros, se hiciera una «factura falsa» de 1.700,85 y se mandara al grupo 1.218,90 y el resto a una caja fuerte. Dicho fax, fechado el 26 de abril de 2002 y dirigido a una mujer identificada como «Pepi», fue entregado el pasado martes al juzgado por Luís García Navarro, diputado provincial del PP y abogado, en ampliación de una denuncia de los populares que tramita dicho juzgado desde el pasado año, referida a supuestas facturas falsas en la Diputación sevillana.
«Monteseirín y su banda».
El concejal del PP Beltrán Pérez se preguntó ayer dónde está el dinero que, según revela ese fax, llegaba en sobres al Ayuntamiento, o dónde está «la llave de la caja fuerte», y echó en cara al Gobierno municipal su «poca colaboración» para esclarecer los hechos. Pérez aseguró que las denuncias de su grupo no van contra el PSOE -lo que provocó murmullos en las filas de éste-, sino contra quienes no respetan la Ley, «Monteseirín y su banda». Estas últimas palabras provocaron un nuevo rifirrafe dialéctico al señalar el portavoz socialista, Francisco Fernández, que no se podía insultar a los representantes de la ciudad. El conflicto finalmente se cerró al anunciar Pérez que retiraba «lo de la banda».
La respuesta del PSOE se dio fuera del Pleno. El portavoz socialista, Francisco Fernández, consideró que la iniciativa del PP venía a demostrar su «falta de respeto a la Justicia» con una propuesta «electoralista, interesada» con la que «intenta marcar el ritmo a los jueces de la ciudad de Sevilla y los pone en un serio aprieto porque los jueces son independientes y ninguno está afiliado al PP».
Fernández dijo entender que «el ex juez» -en referencia al candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido-, esté nervioso porque «se va a tener que sentar al otro lado de la mesa por hacer acusaciones absolutamente falsas. Miente quien afirma que el PSOE ha dado instrucciones sobre la forma de actuar en las facturas o que el PSOE ha recibido dinero» procedente de ellas. Además, celebró la diligencia con la que está actuando el juzgado respecto al caso porque «quedará constatada la inocencia del PSOE».
El portavoz socialista resaltó que corresponde al Juzgado de Instrucción número 14 aclarar el contenido del polémico fax y posibles responsabilidades.
Alvarado. ABC.
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