LEGALIZACIÓN DE ANV. PREVARICACIÓN A TRES BANDAS.
Se veía venir. Arnaldo Otegui profetizó en su día que la izquierda abertzale estaría presente en las elecciones al Parlamento Vasco y se cumplió la profecía. Batasuna utilizó al fantasmagórico Partido Comunista de las Tierras Vascas como tapadera. Hace un par de meses, ese hombre de paz que es el portavoz batasuno anunció que la izquierda abertzale volvería a los ayuntamientos, a las Juntas Generales vascas y al Parlamento de Navarra. En esta ocasión la tapadera se llama Acción Nacionalista Vasca. La farsa de las elecciones vascas se ha vuelto a repetir. El Gobierno, al igual que entonces, comenzó por aparentar firmeza contra las listas "sucias" promovidas por Batasuna para mirar hacia otro lado cuando el conejo batasuno salió de la chistera convertido en Acción Nacionalista Vasca, un partido fundado en 1930 y resucitado en 1977. El Gobierno cuenta además con un juez que está dispuesto a interpretar de modo "flexible" la ley para dar cobertura judicial al proceso abierto por el Gobierno. Se trata de Baltasar Garzón. Y hoy, con media España de vacaciones y el Congreso cerrado hasta la segunda semana de mayo, nuestro gran juez ha tenido tiempo de darse una vuelta por el juzgado para concluir que no ve ninguna conexión entre ETA y Batasuna con Acción Nacionalista Vasca.
Nada importa que ANV, desde su resurrección en 1977, haya girado en la órbita del llamado Movimiento Nacional Vasco de Liberación, no haya condenado nunca desde entonces la violencia terrorista y haya compartido la dirección del entramado batasuno hasta el punto de tener representantes directos en la Mesa Nacional de HB hasta 2001. Este año ETA decidió mantenerlo en la reserva ante una posible ilegalización de Batasuna.
Nada importa que haya documentos incautados a Mikel Antza que reflejan con toda claridad la supeditación de ANV a la estrategia de ETA.
Nada importa que en las listas de ANV no haya un sólo candidato que no esté vinculado al conglomerado político proetarra y en muchos casos participado en su actividad electoral.
Acción Nacionalista Vasca, al igual que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, no es pues otra cosa que un mero instrumento de la izquierda abertzale radical que utiliza la violencia para conseguir la liberación de su ensoñación euskalherríaca. Esto lo sabe todo el mundo en el País Vasco y en Navarra. ¿Cómo se explica que un partido que apenas cuenta con una veintena de afiliados sea capaz, de la noche a la mañana, de articular más de un centenar de listas municipales más las correspondientes candidaturas a las Juntas Generales y al Parlamento de Navarra? Es claro el contubernio entre Gobierno, la Fiscalía y el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Es evidente que nunca se ha roto el hilo conductor entre la Moncloa y los terroristas. El presidente sigue empeñado en continuar el proceso abierto a raíz de la declaración del zaguán del Congreso de 29 de junio de 2006. Como es sabido, el verbo prevaricar se conjuga cuando se dicta resolución injusta por ignorancia inexcusable. Cegado por los destellos de la fama, parapetado tras los informes a la carta del Ministerio del Interior y con el aval de la Fiscalía, el juez Garzón puede respirar tranquilo. Nadie podrá perturbar su sacrosanta independencia acusándole de prevaricación. Pero en el Olimpo de los dioses, Astrea, hija de Zeus, diosa de la Justicia, se habrá sonrojado al conocer la decisión de nuestro gran juez.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP.
Se veía venir. Arnaldo Otegui profetizó en su día que la izquierda abertzale estaría presente en las elecciones al Parlamento Vasco y se cumplió la profecía. Batasuna utilizó al fantasmagórico Partido Comunista de las Tierras Vascas como tapadera. Hace un par de meses, ese hombre de paz que es el portavoz batasuno anunció que la izquierda abertzale volvería a los ayuntamientos, a las Juntas Generales vascas y al Parlamento de Navarra. En esta ocasión la tapadera se llama Acción Nacionalista Vasca. La farsa de las elecciones vascas se ha vuelto a repetir. El Gobierno, al igual que entonces, comenzó por aparentar firmeza contra las listas "sucias" promovidas por Batasuna para mirar hacia otro lado cuando el conejo batasuno salió de la chistera convertido en Acción Nacionalista Vasca, un partido fundado en 1930 y resucitado en 1977. El Gobierno cuenta además con un juez que está dispuesto a interpretar de modo "flexible" la ley para dar cobertura judicial al proceso abierto por el Gobierno. Se trata de Baltasar Garzón. Y hoy, con media España de vacaciones y el Congreso cerrado hasta la segunda semana de mayo, nuestro gran juez ha tenido tiempo de darse una vuelta por el juzgado para concluir que no ve ninguna conexión entre ETA y Batasuna con Acción Nacionalista Vasca.
Nada importa que ANV, desde su resurrección en 1977, haya girado en la órbita del llamado Movimiento Nacional Vasco de Liberación, no haya condenado nunca desde entonces la violencia terrorista y haya compartido la dirección del entramado batasuno hasta el punto de tener representantes directos en la Mesa Nacional de HB hasta 2001. Este año ETA decidió mantenerlo en la reserva ante una posible ilegalización de Batasuna.
Nada importa que haya documentos incautados a Mikel Antza que reflejan con toda claridad la supeditación de ANV a la estrategia de ETA.
Nada importa que en las listas de ANV no haya un sólo candidato que no esté vinculado al conglomerado político proetarra y en muchos casos participado en su actividad electoral.
Acción Nacionalista Vasca, al igual que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, no es pues otra cosa que un mero instrumento de la izquierda abertzale radical que utiliza la violencia para conseguir la liberación de su ensoñación euskalherríaca. Esto lo sabe todo el mundo en el País Vasco y en Navarra. ¿Cómo se explica que un partido que apenas cuenta con una veintena de afiliados sea capaz, de la noche a la mañana, de articular más de un centenar de listas municipales más las correspondientes candidaturas a las Juntas Generales y al Parlamento de Navarra? Es claro el contubernio entre Gobierno, la Fiscalía y el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Es evidente que nunca se ha roto el hilo conductor entre la Moncloa y los terroristas. El presidente sigue empeñado en continuar el proceso abierto a raíz de la declaración del zaguán del Congreso de 29 de junio de 2006. Como es sabido, el verbo prevaricar se conjuga cuando se dicta resolución injusta por ignorancia inexcusable. Cegado por los destellos de la fama, parapetado tras los informes a la carta del Ministerio del Interior y con el aval de la Fiscalía, el juez Garzón puede respirar tranquilo. Nadie podrá perturbar su sacrosanta independencia acusándole de prevaricación. Pero en el Olimpo de los dioses, Astrea, hija de Zeus, diosa de la Justicia, se habrá sonrojado al conocer la decisión de nuestro gran juez.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP.
LEGALIZACIÓN DE ANV. NORMALIDAD EN EL FRENTE DE ZAPATERO.
El auto del juez Garzón es comprensible y coherente con la actitud del Gobierno. No esperaba otra cosa de Garzón. Garzón trabaja sólo y exclusivamente para Zapatero. Ha convalidado la legalidad la ANV o, lo que es lo mismo, de ETA. Es normal que lo hiciera. Ya dijo, cuando regresó de Estados Unidos, que se ponía al servicio del Gobierno. Este sujeto afirmó, siguiendo las tradiciones totalitarias de la modernidad, que "la justicia tiene que actuar de acuerdo con el Gobierno de turno". Este aserto lo sigue a rajatabla. Pocas veces se saldrá de ese guión.
Por lo tanto, quien se extrañe, o quede perplejo, por la resolución de Garzón tachándola de incomprensible e incoherente no tiene ni idea de quién es este personaje, pero, sobre todo, desconoce por completo qué está pasando en España, a saber, la desaparición de la esfera pública política para la resolución de conflictos entre personas y partidos de opiniones diversas y divergentes. Sí, sí, la política democrática, basada en la acción contingente, insegura y sometida a la incertidumbre de la negociación entre fuerzas democráticas plurales, va desapareciendo, porque el Gobierno, sencillamente, niega a la oposición y pone en su lugar a los nacionalistas y los terroristas para mantenerse en el poder. Es obvio que el Gobierno, desde hace tiempo, ya no "negocia" políticamente con los nacionalistas y los terroristas sino que transige, cede y satisface, cuando no encauza, sus demandas más o menos miserables y siempre criminales contra la nación española. Esa es toda la actividad administrativa del Gobierno para mantenerse en el poder.
Quien no quiera ver que la acción política de Zapatero ha sido sustituida por un mero "hacer" administrativo está engañándose, o peor, tapando la obsesión totalitaria de este Gobierno. En efecto, todas las instituciones del Estado son meros órganos administrativos al servicio del entramado del Gobierno con el nacionalismo y el terrorismo. En otras palabras, las instituciones ya no sirven para la democracia. El juez Garzón es sólo una leve pieza de esa maquinaría infernal inventada por Zapatero para sustituir la política por la administración. Legalizado el terror ya todo es coser y cantar para ese entramado. La legalidad no desaparece, como algunos ingenuos creen, sino que se torna terror. No se trata de que Garzón, reitero, legalice el terror, sino que la "justicia" se hace terrorista.
La legalidad que afirma su validez, como es el caso del auto de Garzón, en una "verdad" o "principio" ajeno a las opiniones de los ciudadanos, de la opinión pública política y del sentido común, desemboca directamente en terror. Por eso, precisamente, se carcajean los terroristas, cuando son llevados ante los jueces... Todo es una mala representación. Una payasada. El ministro de Justicia ha sido explicito: a los terroristas no hay que aplicar la ley en el mismo sentido que a los ciudadanos. Hay una "legalidad superior" para esta gente que es menester hacer compatible con una falta de respeto por las normas jurídicas positivas. Este caos jurídico permite ampliar con generosidad el espacio de la arbitrariedad y el nepotismo de la elite gobernante, o sea, de Zapatero y su entorno más cercano.
La Fiscalía General del Estado, el juez citado y muchos otros, así como la mayoría de los "ropones" del Tribunal Supremo no se atreverán a enfrentarse con el Gobierno. Ellos, más aún que el Gobierno, tienen su máxima aspiración en conseguir que la acción política desaparezca a favor de una "justicia administrativa" al servicio del poder. En ese caos entre normas positivas e indeterminación de una "legalidad superior" para terminar con el terror, a los jueces les resulta muy cómodo vivir bajo la seguridad y la certidumbre de un Gobierno que sabe lo que quiere: hacer de los terroristas seres legales. He ahí la principal "idea" de Zapatero, que ha calado ya en los administradores del poder jurídico. No es que las instituciones jurídicas estén al servicio del Gobierno, sino que se han convertido en su contrario bárbaro: la contingencia democrática que la institución judicial tenía que garantizar con la aplicación de normas jurídicas positivas se ha transformado en una maquinaria al servicio del terror.
Eliminar a la oposición concediéndole todo al terror era el objetivo de Zapatero y lo está consiguiendo con la inestimable ayuda del llamado "poder" judicial, que, en verdad, Zapatero ha convertido en una "institución" vicaria de sus deseos. Entonces, no entiendo por qué se extraña tanto la gente ni la línea editorial de algunos periódicos porque Garzón dicte un auto de legalización de ANV, o sea, de ETA. Dicen los falsos críticos de Zapatero que a su Gobierno le "falta voluntad política para actuar contra ANV", o sea, contra ETA. No entienden nada con esas "apreciaciones". ¡Cuánta molicie política! No es falta, por Dios, lo que tiene el Gobierno, sino que le sobra voluntad política para legalizar al terror. ¿Cómo va actuar el Gobierno contra lo que promociona? No cabe en cabeza humana que alguien actúe contra lo que ha creado.
Si en algo ha sido preciso, casi geométrico, el Gobierno de Zapatero, incluso antes de llegar al poder, era legalizar a ETA para gobernar en un futuro próximo con ellos en el País Vasco, así como lo hace ahora con los de ERC en Cataluña. ¿Por qué cuesta tanto ver esta jugada totalitaria de Zapatero? Sencillamente, porque al personal le gusta engañarse, confundir sus ridículos deseos con la realidad, o peor, se hace el loco para colaborar con el mal.
Agapito Maestre.
El auto del juez Garzón es comprensible y coherente con la actitud del Gobierno. No esperaba otra cosa de Garzón. Garzón trabaja sólo y exclusivamente para Zapatero. Ha convalidado la legalidad la ANV o, lo que es lo mismo, de ETA. Es normal que lo hiciera. Ya dijo, cuando regresó de Estados Unidos, que se ponía al servicio del Gobierno. Este sujeto afirmó, siguiendo las tradiciones totalitarias de la modernidad, que "la justicia tiene que actuar de acuerdo con el Gobierno de turno". Este aserto lo sigue a rajatabla. Pocas veces se saldrá de ese guión.
Por lo tanto, quien se extrañe, o quede perplejo, por la resolución de Garzón tachándola de incomprensible e incoherente no tiene ni idea de quién es este personaje, pero, sobre todo, desconoce por completo qué está pasando en España, a saber, la desaparición de la esfera pública política para la resolución de conflictos entre personas y partidos de opiniones diversas y divergentes. Sí, sí, la política democrática, basada en la acción contingente, insegura y sometida a la incertidumbre de la negociación entre fuerzas democráticas plurales, va desapareciendo, porque el Gobierno, sencillamente, niega a la oposición y pone en su lugar a los nacionalistas y los terroristas para mantenerse en el poder. Es obvio que el Gobierno, desde hace tiempo, ya no "negocia" políticamente con los nacionalistas y los terroristas sino que transige, cede y satisface, cuando no encauza, sus demandas más o menos miserables y siempre criminales contra la nación española. Esa es toda la actividad administrativa del Gobierno para mantenerse en el poder.
Quien no quiera ver que la acción política de Zapatero ha sido sustituida por un mero "hacer" administrativo está engañándose, o peor, tapando la obsesión totalitaria de este Gobierno. En efecto, todas las instituciones del Estado son meros órganos administrativos al servicio del entramado del Gobierno con el nacionalismo y el terrorismo. En otras palabras, las instituciones ya no sirven para la democracia. El juez Garzón es sólo una leve pieza de esa maquinaría infernal inventada por Zapatero para sustituir la política por la administración. Legalizado el terror ya todo es coser y cantar para ese entramado. La legalidad no desaparece, como algunos ingenuos creen, sino que se torna terror. No se trata de que Garzón, reitero, legalice el terror, sino que la "justicia" se hace terrorista.
La legalidad que afirma su validez, como es el caso del auto de Garzón, en una "verdad" o "principio" ajeno a las opiniones de los ciudadanos, de la opinión pública política y del sentido común, desemboca directamente en terror. Por eso, precisamente, se carcajean los terroristas, cuando son llevados ante los jueces... Todo es una mala representación. Una payasada. El ministro de Justicia ha sido explicito: a los terroristas no hay que aplicar la ley en el mismo sentido que a los ciudadanos. Hay una "legalidad superior" para esta gente que es menester hacer compatible con una falta de respeto por las normas jurídicas positivas. Este caos jurídico permite ampliar con generosidad el espacio de la arbitrariedad y el nepotismo de la elite gobernante, o sea, de Zapatero y su entorno más cercano.
La Fiscalía General del Estado, el juez citado y muchos otros, así como la mayoría de los "ropones" del Tribunal Supremo no se atreverán a enfrentarse con el Gobierno. Ellos, más aún que el Gobierno, tienen su máxima aspiración en conseguir que la acción política desaparezca a favor de una "justicia administrativa" al servicio del poder. En ese caos entre normas positivas e indeterminación de una "legalidad superior" para terminar con el terror, a los jueces les resulta muy cómodo vivir bajo la seguridad y la certidumbre de un Gobierno que sabe lo que quiere: hacer de los terroristas seres legales. He ahí la principal "idea" de Zapatero, que ha calado ya en los administradores del poder jurídico. No es que las instituciones jurídicas estén al servicio del Gobierno, sino que se han convertido en su contrario bárbaro: la contingencia democrática que la institución judicial tenía que garantizar con la aplicación de normas jurídicas positivas se ha transformado en una maquinaria al servicio del terror.
Eliminar a la oposición concediéndole todo al terror era el objetivo de Zapatero y lo está consiguiendo con la inestimable ayuda del llamado "poder" judicial, que, en verdad, Zapatero ha convertido en una "institución" vicaria de sus deseos. Entonces, no entiendo por qué se extraña tanto la gente ni la línea editorial de algunos periódicos porque Garzón dicte un auto de legalización de ANV, o sea, de ETA. Dicen los falsos críticos de Zapatero que a su Gobierno le "falta voluntad política para actuar contra ANV", o sea, contra ETA. No entienden nada con esas "apreciaciones". ¡Cuánta molicie política! No es falta, por Dios, lo que tiene el Gobierno, sino que le sobra voluntad política para legalizar al terror. ¿Cómo va actuar el Gobierno contra lo que promociona? No cabe en cabeza humana que alguien actúe contra lo que ha creado.
Si en algo ha sido preciso, casi geométrico, el Gobierno de Zapatero, incluso antes de llegar al poder, era legalizar a ETA para gobernar en un futuro próximo con ellos en el País Vasco, así como lo hace ahora con los de ERC en Cataluña. ¿Por qué cuesta tanto ver esta jugada totalitaria de Zapatero? Sencillamente, porque al personal le gusta engañarse, confundir sus ridículos deseos con la realidad, o peor, se hace el loco para colaborar con el mal.
Agapito Maestre.
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