El valor, si así pudiera calificarse, que cabe atribuir a la entrevista hecha por el diario «Gara» a dos encapuchados etarras es que demuestra que ETA siempre se interpreta a sí misma y deja sin argumentos a quienes quieren endosarle intenciones u objetivos distintos de los que revelan sus hechos y sus palabras. Pero este ha sido, precisamente, el argumento principal del Gobierno para defender la viabilidad del proceso de negociación política con ETA y también, la causa del fracaso de Zapatero en su apuesta personal más importante para esta legislatura. En reiteradas ocasiones el Gobierno y el PSOE calificaron como actos de «consumo interno» las amenazas etarras vertidas en sus comunicados o comportamientos tan inequívocos como el robo de armas, con la intención de rebajar la gravedad de estos hechos, dando a entender que ETA realmente estaba engañando a sus bases para negociar bajo cuerda con el Gobierno. Es más, en plena esquizofrenia propagandística llegó a cuestionarse la responsabilidad de ETA por atentados de «kale borroka», como el incendio del negocio de un concejal de UPN en Barañain. Por otro lado, sobre datos e informaciones de los que el Gobierno debería dar cuenta en sede parlamentaria, el Ministerio del Interior anunció solemnemente que había verificado que el «alto el fuego» era completo, a pesar de que ETA estaba ya reorganizando el «comando Donosti», pasando armas y explosivos a territorio español y comenzando el seguimiento de nuevas víctimas.
No es ETA quien ha ocultado sus intenciones ni quien ha pretendido presentarse de forma distinta a como es, como se vio ayer de nuevo en la Audiencia Nacional, cuando el etarra Igor González Sola afirmó que ETA «seguirá ejerciendo la lucha armada» mientras el País Vasco no sea soberano. Ha sido el Gobierno el responsable de trasladar a la opinión pública un proceso de negociación con ETA basado en puras ficciones sobre la disposición de los terroristas a alcanzar un acuerdo admisible por el sistema democrático. Por eso, el fracaso político de este proceso no se debe a cómo ETA ha gestionado su tregua -que lo ha hecho como sabe, rentabilizando las contradicciones y debilidades de la clase política y de los demócratas, y asesinando-, sino a cómo el Gobierno ha gestionado políticamente su posición frente a los terroristas. Si el Ejecutivo pretendió en algún momento poner a ETA contra las cuerdas de la opinión pública o someter a examen su credibilidad, el fracaso ha sido absoluto, porque a ETA sólo le interesa la cohesión del sector social que la apoya, no la opinión pública española; y porque ETA ha conseguido volver el proceso contra la imagen del Gobierno, siendo éste quien está ahora contra las cuerdas de la opinión pública y quien tiene menoscabado su crédito.
El Gobierno no puede llamarse a engaño con ETA porque el «alto el fuego» fue concedido por los terroristas en función de unas expectativas generadas por el propio Ejecutivo, con el concurso previo de los contactos del PSE con Batasuna ya ilegal, mientras gobernaba el PP y ETA seguía matando. Este proceso de negociación se inició a pesar de que ETA no dio ninguna garantía de abandonar la violencia, de disolverse y desarmarse, de renunciar a la modificación del sistema constitucional y estatutario del País Vasco y del régimen foral de Navarra. El Gobierno se prestó a negociar con una ETA que no estaba parada ni rendida, sino activa, rearmada y deseosa de aprovechar la ocasión para superar la presión policial y judicial que la puso al borde de su derrota.
Es comprensible que el Ejecutivo quiera buscar la disculpa de la opinión pública presentándose como víctima del engaño etarra, pero lo cierto es que no hubo tal engaño, porque los hechos hablaban por sí solos cuando ETA robó más de trescientas pistolas, organizó una descarga de fusilería en Oyarzun y amenazó con atentar en «respuesta» al incumplimiento de compromisos previos del Gobierno, como así hizo, según la entrevista en el diario «Gara», en Barajas, el pasado 30 de diciembre. Sólo ETA es responsable de cada atentado que comete. El terrorismo nunca puede refugiar sus crímenes en motivos ajenos a su exclusiva voluntad homicida. Por eso son superfluos los llamamientos a ETA para que se comporte racionalmente, pero no lo son los que se hacen al Gobierno para que cancele definitivamente esta fracasada política de confianza en un imposible final dialogado del terrorismo.
ABC.
No es ETA quien ha ocultado sus intenciones ni quien ha pretendido presentarse de forma distinta a como es, como se vio ayer de nuevo en la Audiencia Nacional, cuando el etarra Igor González Sola afirmó que ETA «seguirá ejerciendo la lucha armada» mientras el País Vasco no sea soberano. Ha sido el Gobierno el responsable de trasladar a la opinión pública un proceso de negociación con ETA basado en puras ficciones sobre la disposición de los terroristas a alcanzar un acuerdo admisible por el sistema democrático. Por eso, el fracaso político de este proceso no se debe a cómo ETA ha gestionado su tregua -que lo ha hecho como sabe, rentabilizando las contradicciones y debilidades de la clase política y de los demócratas, y asesinando-, sino a cómo el Gobierno ha gestionado políticamente su posición frente a los terroristas. Si el Ejecutivo pretendió en algún momento poner a ETA contra las cuerdas de la opinión pública o someter a examen su credibilidad, el fracaso ha sido absoluto, porque a ETA sólo le interesa la cohesión del sector social que la apoya, no la opinión pública española; y porque ETA ha conseguido volver el proceso contra la imagen del Gobierno, siendo éste quien está ahora contra las cuerdas de la opinión pública y quien tiene menoscabado su crédito.
El Gobierno no puede llamarse a engaño con ETA porque el «alto el fuego» fue concedido por los terroristas en función de unas expectativas generadas por el propio Ejecutivo, con el concurso previo de los contactos del PSE con Batasuna ya ilegal, mientras gobernaba el PP y ETA seguía matando. Este proceso de negociación se inició a pesar de que ETA no dio ninguna garantía de abandonar la violencia, de disolverse y desarmarse, de renunciar a la modificación del sistema constitucional y estatutario del País Vasco y del régimen foral de Navarra. El Gobierno se prestó a negociar con una ETA que no estaba parada ni rendida, sino activa, rearmada y deseosa de aprovechar la ocasión para superar la presión policial y judicial que la puso al borde de su derrota.
Es comprensible que el Ejecutivo quiera buscar la disculpa de la opinión pública presentándose como víctima del engaño etarra, pero lo cierto es que no hubo tal engaño, porque los hechos hablaban por sí solos cuando ETA robó más de trescientas pistolas, organizó una descarga de fusilería en Oyarzun y amenazó con atentar en «respuesta» al incumplimiento de compromisos previos del Gobierno, como así hizo, según la entrevista en el diario «Gara», en Barajas, el pasado 30 de diciembre. Sólo ETA es responsable de cada atentado que comete. El terrorismo nunca puede refugiar sus crímenes en motivos ajenos a su exclusiva voluntad homicida. Por eso son superfluos los llamamientos a ETA para que se comporte racionalmente, pero no lo son los que se hacen al Gobierno para que cancele definitivamente esta fracasada política de confianza en un imposible final dialogado del terrorismo.
ABC.
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