EL NOMBRE DEL CONFIDENTE DE AGUSTÍN DÍAZ DE MERA PODRÍA HABERSE FILTRADO A PARTIR DE UNA DILIGENCIA DEL JUEZ BERMÚDEZ.El escrito de Díaz de Mera notificando el nombre de la persona que le contó que existía un informe policial relacionando a ETA con los atentados del 11-M ha tardado más de una semana en salir a la luz. El juez Bermúdez ha podido tomar providencias en ese plazo y de ahí surgir la filtración de la identidad.
El contenido del oficio de quien fuera director general de la Policía con el PP tiene fecha 1 de abril, domingo, con lo que la entrada en el registro tuvo que producirse el lunes, día 2. El juez Bermúdez ha contado con al menos el lunes, martes y miércoles, que eran laborables, para adoptar decisiones, e incluso también el lunes siguiente, 9 de abril.
Dada la diligencia que está demostrando el magistrado y lo ejecutivo de sus actuaciones, se cree que Bermúdez realizó en ese plazo alguna providencia, como podría ser solicitar al Ministerio del Interior confirmación del nombre, número de placa y destino de la persona citada en la carta de Díaz de Mera (nombre que apareció ayer tachado en la copia del escrito que se difundió).
Si existió esa gestión ante el ministerio, la identidad del confidente ya la sabían, además del propio Díaz de Mera y del juez, los responsables de Interior, y de ahí pudo haber salido la sorprendente declaración que el lunes ofreció la Cadena SER, y que el martes publicaba El País, de que un comisario (sin identificar) desmentía por escrito al ex director general de la Policía.
La sorprendente iniciativa de ese comisario sólo se entiende si sabía de antemano que su nombre iba a ser conocido por el juez Bermúdez en las horas siguientes.
En fuentes policiales se estima que esa declaración periodística ha podido sentar mal al magistrado, que posiblemente por ese motivo decidió difundir el martes el contenido de la carta de Díez de Mera, en la que tachó el nombre del confidente pero no datos de otros miembros de la policía, que han sido perfectamente identificados debido a que su número de placa figura en el escrito sin tachar.
ENTREVISTA A GOMEZ BERMUDEZ.
Para acceder a su despacho, situado en la séptima planta de la audiencia nacional, hay que pasar unas contundentes medidas de seguridad, lo cual es lógico teniendo en cuenta que por sus manos pasan los asuntos de estado mas importantes de nuestro país y los que marcan la agenda política un día sí y otro también: ETA y el 11-M. Por su cargo y condición, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -donde se juzgan los grandes delitos de terrorismo y corrupción-, está permanentemente en el ojo del huracán, hasta el punto de que su nombramiento sigue recurrido por «defectos formales», dos años después de que se produjera. Pero él, al menos en apariencia, no se inmuta, tal vez porque a pesar de su edad -44 años- tiene una amplia experiencia y un currículo que sería la envidia de muchos jóvenes juristas.
PREGUNTA.- Usted, por su cargo y condición, tiene en sus manos buena parte del peso de la política judicial antiterrorista. ¿Eso es un inconveniente en los tiempos que corren? Admita que puede ser muy incómodo para el Gobierno, según las sentencias que dicte, ¿no?
RESPUESTA.- En los tiempos que corren, el ser el órgano en el que se concentra toda la lucha jurídica contra el terrorismo supone una gran carga, desde luego, a la vez que un trabajo muy gratificante. Es posible que mi trabajo como presidente de sala pueda ser incómodo para algunos en determinados momentos, pero se trata de aplicar la ley, no del momento político de su aplicación, ni mucho menos.
P.- Pues su nombramiento está recurrido entre otros, por Garzón, que aspiraba a tener su plaza, y en ese asunto sí hay una sombra de interés más político que jurídico...
R.- El Supremo lo único que estima del recurso son defectos formales del Consejo, es decir, ni se cuestionan mis méritos, ni mi capacidad, ni mi gestión. Aunque, naturalmente, lo que subyace al denunciar esos defectos formales es evitar que yo sea presidente.
P.- ¿Ser presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia es un cargo político?
R.- En absoluto, no es un cargo político, sino un cargo jurisdiccional. Yo me dedico a poner sentencias. Un cargo político es ser vocal del Consejo, secretario de Estado o parlamentario por un determinado partido político, como otros jueces lo han sido, el propio Garzón por ejemplo. Yo, desde luego, jamás he actuado en política, ni activa ni pasivamente.
P.- ¿Qué le parece esta decisión del fiscal de proponer que se reduzca de 96 a seis años de prisión la petición de condena para De Juana Chaos, teniendo en cuenta que usted es uno de los amenazados en esas cartas por las que se le va a juzgar?
R.- El fiscal todavía no ha hecho una rebaja de pena, y por tanto no puedo opinar de algo que no se ha producido, salvo señalar que si las razones que van a llevar a esa rebaja de pena son técnicas, bienvenidas sean. Lo único que yo discutiré siempre, sea el caso que sea, es que se intente torcer la ley para llegar a un resultado práctico previamente decidido. El Estado de Derecho da mecanismos para corregir los excesos que la aplicación literal de la ley conduce. La ley jamás se puede torcer al arbitrio de una coyuntura política determinada.
P.- ¿Y entonces cómo entiende que el fiscal general diga que la Justicia debe adaptarse a los tiempos que corren, e incluso afirme en el Senado que quienes no piensan como él no quieren la paz?
R.- Yo respecto a la intervención del fiscal general del Estado en el Senado no tengo mucho que decir. Ahora bien, la única garantía que tiene un ciudadano de que el juez no va a ser arbitrario es que el juez aplique la ley, le guste o no.
P.- ¿El hecho de que la Fiscalía sea un nombramiento político y sea un estamento jerárquico puede ser un elemento de distorsión en asuntos como el llamado proceso de paz?
R.- En el sistema español la política criminal la dirige el Gobierno, el mecanismo más directo de ejecución de la política criminal es el fiscal del Estado, y la Fiscalía en sí, como institución, es jerárquica porque tiene que serlo. Podrá gustar o no, y se podrá cambiar, pero el sistema es coherente, y como garantía se prevé que si el fiscal general del Estado no cumple una indicación del Gobierno éste no puede cesarle en el cargo.
P.- De usted se dice que es partidario de aplicar una línea dura con los etarras, y por eso forzó el cambio doctrinal del Supremo para que presos sanguinarios como Parot no fueran puestos en libertad por acumulación de condenas. ¿Es así?
R.- Yo no sé que es la línea dura o blanda. En todo caso podríamos discutir si la ley es dura o blanda, pero la ley no la hago yo, la hace el Parlamento. Yo aplico la ley, la que me da el Parlamento de mi país, de España. Si esa ley se estima que es dura deberán modificarlo. Sobre los sentenciados por delitos anteriores no es que sea partidario de que se modifique, es que la interpretación correcta es la que ha dado el Supremo ahora con el caso Parot.
P.- Oiga, ¿la Justicia puede ser un obstáculo en el proceso de paz?
R.- Es imposible que la Justicia sea un obstáculo ni en el proceso de paz ni en nada que esté dentro del Estado de Derecho. Y es siempre, por supuesto, un obstáculo para lo que está fuera del Estado de Derecho.
P.- Vamos, que con proceso de paz o sin él los etarras sanguinarios se pudrirán en la cárcel...
R.- Yo no quiero que nadie se pudra en la cárcel, de hecho en España no existe la cadena perpetua. Lo que sí digo es que la ley exige que en determinados delitos se cumpla un mínimo de pena, sin los cuales es imposible considerar que el individuo está reeducado, que es el paso previo a la reinserción.
P.- ¿Cabría la posibilidad de realizar un indulto generalizado?
R.- No; está prohibido por la Constitución. Habría que modificar la Constitución.
P.- Pero, llegado el caso, ¿habría alguna forma de saltarse esa modificación, dando indultos individuales?
R.- La ley lo que exige es que cada expediente de indulto sea individualizado. Si se hace un estudio preso por preso, naturalmente podrán conceder 2.000 indultos individuales. Pero lo que no se puede hacer es utilizar el esquema de indultos individuales para cometer un fraude de ley concediendo en la práctica un indulto general.
P.- ¿Si ETA desaparece tiene sentido que se mantenga la Audiencia Nacional? Porque su eliminación es una vieja reivindicación nacionalista
R.- La reivindicación de los nacionalistas, como de muchos otros, es que esta casa desaparezca cuando no les viene bien, porque cuando se juzgó al ex general Galindo no querían que se suprimiera, de hecho, se presentaron como acusación popular. Dicho esto, el sentido de la Audiencia es la lucha contra el crimen organizado, no sólo el terrorismo. La Audiencia Nacional no tiene fecha de caducidad.
P.- Usted también presidirá la sala del juicio oral del 11-M. ¿Se dan las condiciones necesarias para que el juicio comience en este momento, con la cantidad de agujeros negros que están apareciendo?
R.- Las condiciones para ir a juicio se dan. En febrero celebraremos el primer juicio por los terribles hechos del 11-M. Ahora lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en esos hechos, pero sin ir más allá. Tenga en cuenta que hay cuatro o cinco personas en busca y captura, y el día que aparezcan habrá que celebrar un nuevo juicio. No estamos hablando de un único juicio universal sino de un juicio concreto.
P.- Vamos, que la celebración del juicio no significa que se dé carpetazo al asunto y pueda haber nuevos procedimientos, como ocurrió con el GAL...
R.- Todavía hay algún asunto del GAL coleando. Y lo mismo ocurrirá con el 11-M. Siempre que aparezca un hecho nuevo, con independencia de que aparezca antes, durante o después del juicio, se podrá abrir una nueva investigación. Ése es el sistema procesal español.
P.- ¿Cree que se sabrá la verdad?
R.- Estoy seguro de que se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años. La Justicia puede ser lenta, pero es segura. Somos un remolcador de altura, somos capaces de arrastrar grandísimas cargas a grandísimas distancias. Eso sí, a una velocidad moderada.
P.- Algunos piensan que si cada vez que alguien critica a un juez, éste se siente limitado en su independencia, como ha dicho Garzón, la libertad de expresión no existiría.
R.- No me gusta opinar sobre magistrados que dependen de la Sala, por tanto no me voy a referir al tema Garzón. Pero muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia.
P.- ¿Llamar a un juez presunto prevaricador en un medio de comunicación es un delito, sí o no?
R.- Llamar a un juez presunto prevaricador, así dicho, no tiene por qué ser un delito. Tiene que quedar claro que la libertad de expresión y el derecho a la información, que es un derecho de los ciudadanos, es un derecho indispensable, esencial de la democracia. Por tanto, el único límite al ejercicio de ese derecho son las leyes que tenemos: el Código Penal y las demandas de protección al honor.
P.- Una curiosidad. ¿Por qué cree que Garzón estaba tan interesado en meter mano a los peritos del 11-M?
R.- Yo no estoy en la mente de mis compañeros, lo que sí digo es que el sistema ha funcionado. Garzón no era competente en este caso, y ha pasado a manos de la juez que lo es. Ése es el sistema. Ahora, ¿por qué lo quiso hacer? No lo sé.
P.- Pues algunos piensan que ha metido la nariz en este asunto para sacar al Gobierno de un apuro, y eso cuestiona su independencia...
R.- Habrá quien interprete que una persona que ha sido parlamentario del PSOE; que ha sido secretario de Estado, que luego ha vuelto a la judicatura, está contaminada por su paso por la política y no es independiente. Y habrá quien entienda que con cosas como ésta demuestra que es independiente. Lo sorprendente es que se hable de jueces independientes cuando han estado en la política, y de otros, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es dictar sentencias, se diga que no lo somos.
P.- Sea como fuere, la juez ha llamado como imputado al jefe de los peritos, lo cual tira por tierra toda la instrucción realizada por Garzón, que imputó a los testigos, ¿no?
R.- No necesariamente. La juez Gallego lleva ahora dos temas relacionados: uno el de los documentos remitidos por EL MUNDO al juez Del Olmo, que es del que deriva la toma de declaración como imputado del jefe de los peritos, y otro en el que son imputados por Garzón los peritos, a quienes la juez podrá, o no, levantar la imputación.
P.- Algunos creen que el juez Del Olmo está desbordado por esta investigación, por la complejidad de la misma...
R.- Al juez Del Olmo se le pusieron todos los medios, los que pidió y los que no pidió. Éste es sin duda el juicio al que más medios y tiempo en exclusiva se ha destinado en la Justicia, excepción hecha del de la colza.
P.- Le digo esto porque hasta dejó libre a un imputado del caso por un olvido administrativo, y eso es muy fuerte... Se habló de que podrían haberle retirado del cargo.
R.- Un error lo puede cometer cualquiera, cuestión distinta es que de ese error derive o no responsabilidad. Y este matiz es importante. Lo que no puede ser es que el régimen disciplinario de jueces se haya convertido en una especie de tribunal de honor prohibido por la Constitución, en el que dependiendo del sí o no de la mayoría de la comisión disciplinaria y dependiendo del juez en concreto la resolución es una u otra. Hay jueces que por mucho menos han sido trasladados de esta casa y hay otros que por mucho más siguen en esta casa y seguirán largos años.
P.- Un inciso. ¿Usted cree que la investigación de EL MUNDO es un juicio paralelo al asunto del 11-M?
R.- El periodismo de investigación, que es el que busca nuevas fuentes y abre vías de conocimiento que no están en la instrucción, históricamente ha sido importantísimo, y en España más. Su periódico fue el artífice del asunto de los GAL, y sin sus informaciones eso jamás se hubiera descubierto. Otra cosa son las instrucciones y juicios paralelos. La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia.
P.- Tal vez para ustedes no, pero sí para los políticos.
R.- Para la Justicia, no es un obstáculo, todo lo contrario. Puede que lo sea para los políticos, pero no para los jueces.
El contenido del oficio de quien fuera director general de la Policía con el PP tiene fecha 1 de abril, domingo, con lo que la entrada en el registro tuvo que producirse el lunes, día 2. El juez Bermúdez ha contado con al menos el lunes, martes y miércoles, que eran laborables, para adoptar decisiones, e incluso también el lunes siguiente, 9 de abril.
Dada la diligencia que está demostrando el magistrado y lo ejecutivo de sus actuaciones, se cree que Bermúdez realizó en ese plazo alguna providencia, como podría ser solicitar al Ministerio del Interior confirmación del nombre, número de placa y destino de la persona citada en la carta de Díaz de Mera (nombre que apareció ayer tachado en la copia del escrito que se difundió).
Si existió esa gestión ante el ministerio, la identidad del confidente ya la sabían, además del propio Díaz de Mera y del juez, los responsables de Interior, y de ahí pudo haber salido la sorprendente declaración que el lunes ofreció la Cadena SER, y que el martes publicaba El País, de que un comisario (sin identificar) desmentía por escrito al ex director general de la Policía.
La sorprendente iniciativa de ese comisario sólo se entiende si sabía de antemano que su nombre iba a ser conocido por el juez Bermúdez en las horas siguientes.
En fuentes policiales se estima que esa declaración periodística ha podido sentar mal al magistrado, que posiblemente por ese motivo decidió difundir el martes el contenido de la carta de Díez de Mera, en la que tachó el nombre del confidente pero no datos de otros miembros de la policía, que han sido perfectamente identificados debido a que su número de placa figura en el escrito sin tachar.
ENTREVISTA A GOMEZ BERMUDEZ.
Para acceder a su despacho, situado en la séptima planta de la audiencia nacional, hay que pasar unas contundentes medidas de seguridad, lo cual es lógico teniendo en cuenta que por sus manos pasan los asuntos de estado mas importantes de nuestro país y los que marcan la agenda política un día sí y otro también: ETA y el 11-M. Por su cargo y condición, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -donde se juzgan los grandes delitos de terrorismo y corrupción-, está permanentemente en el ojo del huracán, hasta el punto de que su nombramiento sigue recurrido por «defectos formales», dos años después de que se produjera. Pero él, al menos en apariencia, no se inmuta, tal vez porque a pesar de su edad -44 años- tiene una amplia experiencia y un currículo que sería la envidia de muchos jóvenes juristas.
PREGUNTA.- Usted, por su cargo y condición, tiene en sus manos buena parte del peso de la política judicial antiterrorista. ¿Eso es un inconveniente en los tiempos que corren? Admita que puede ser muy incómodo para el Gobierno, según las sentencias que dicte, ¿no?
RESPUESTA.- En los tiempos que corren, el ser el órgano en el que se concentra toda la lucha jurídica contra el terrorismo supone una gran carga, desde luego, a la vez que un trabajo muy gratificante. Es posible que mi trabajo como presidente de sala pueda ser incómodo para algunos en determinados momentos, pero se trata de aplicar la ley, no del momento político de su aplicación, ni mucho menos.
P.- Pues su nombramiento está recurrido entre otros, por Garzón, que aspiraba a tener su plaza, y en ese asunto sí hay una sombra de interés más político que jurídico...
R.- El Supremo lo único que estima del recurso son defectos formales del Consejo, es decir, ni se cuestionan mis méritos, ni mi capacidad, ni mi gestión. Aunque, naturalmente, lo que subyace al denunciar esos defectos formales es evitar que yo sea presidente.
P.- ¿Ser presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia es un cargo político?
R.- En absoluto, no es un cargo político, sino un cargo jurisdiccional. Yo me dedico a poner sentencias. Un cargo político es ser vocal del Consejo, secretario de Estado o parlamentario por un determinado partido político, como otros jueces lo han sido, el propio Garzón por ejemplo. Yo, desde luego, jamás he actuado en política, ni activa ni pasivamente.
P.- ¿Qué le parece esta decisión del fiscal de proponer que se reduzca de 96 a seis años de prisión la petición de condena para De Juana Chaos, teniendo en cuenta que usted es uno de los amenazados en esas cartas por las que se le va a juzgar?
R.- El fiscal todavía no ha hecho una rebaja de pena, y por tanto no puedo opinar de algo que no se ha producido, salvo señalar que si las razones que van a llevar a esa rebaja de pena son técnicas, bienvenidas sean. Lo único que yo discutiré siempre, sea el caso que sea, es que se intente torcer la ley para llegar a un resultado práctico previamente decidido. El Estado de Derecho da mecanismos para corregir los excesos que la aplicación literal de la ley conduce. La ley jamás se puede torcer al arbitrio de una coyuntura política determinada.
P.- ¿Y entonces cómo entiende que el fiscal general diga que la Justicia debe adaptarse a los tiempos que corren, e incluso afirme en el Senado que quienes no piensan como él no quieren la paz?
R.- Yo respecto a la intervención del fiscal general del Estado en el Senado no tengo mucho que decir. Ahora bien, la única garantía que tiene un ciudadano de que el juez no va a ser arbitrario es que el juez aplique la ley, le guste o no.
P.- ¿El hecho de que la Fiscalía sea un nombramiento político y sea un estamento jerárquico puede ser un elemento de distorsión en asuntos como el llamado proceso de paz?
R.- En el sistema español la política criminal la dirige el Gobierno, el mecanismo más directo de ejecución de la política criminal es el fiscal del Estado, y la Fiscalía en sí, como institución, es jerárquica porque tiene que serlo. Podrá gustar o no, y se podrá cambiar, pero el sistema es coherente, y como garantía se prevé que si el fiscal general del Estado no cumple una indicación del Gobierno éste no puede cesarle en el cargo.
P.- De usted se dice que es partidario de aplicar una línea dura con los etarras, y por eso forzó el cambio doctrinal del Supremo para que presos sanguinarios como Parot no fueran puestos en libertad por acumulación de condenas. ¿Es así?
R.- Yo no sé que es la línea dura o blanda. En todo caso podríamos discutir si la ley es dura o blanda, pero la ley no la hago yo, la hace el Parlamento. Yo aplico la ley, la que me da el Parlamento de mi país, de España. Si esa ley se estima que es dura deberán modificarlo. Sobre los sentenciados por delitos anteriores no es que sea partidario de que se modifique, es que la interpretación correcta es la que ha dado el Supremo ahora con el caso Parot.
P.- Oiga, ¿la Justicia puede ser un obstáculo en el proceso de paz?
R.- Es imposible que la Justicia sea un obstáculo ni en el proceso de paz ni en nada que esté dentro del Estado de Derecho. Y es siempre, por supuesto, un obstáculo para lo que está fuera del Estado de Derecho.
P.- Vamos, que con proceso de paz o sin él los etarras sanguinarios se pudrirán en la cárcel...
R.- Yo no quiero que nadie se pudra en la cárcel, de hecho en España no existe la cadena perpetua. Lo que sí digo es que la ley exige que en determinados delitos se cumpla un mínimo de pena, sin los cuales es imposible considerar que el individuo está reeducado, que es el paso previo a la reinserción.
P.- ¿Cabría la posibilidad de realizar un indulto generalizado?
R.- No; está prohibido por la Constitución. Habría que modificar la Constitución.
P.- Pero, llegado el caso, ¿habría alguna forma de saltarse esa modificación, dando indultos individuales?
R.- La ley lo que exige es que cada expediente de indulto sea individualizado. Si se hace un estudio preso por preso, naturalmente podrán conceder 2.000 indultos individuales. Pero lo que no se puede hacer es utilizar el esquema de indultos individuales para cometer un fraude de ley concediendo en la práctica un indulto general.
P.- ¿Si ETA desaparece tiene sentido que se mantenga la Audiencia Nacional? Porque su eliminación es una vieja reivindicación nacionalista
R.- La reivindicación de los nacionalistas, como de muchos otros, es que esta casa desaparezca cuando no les viene bien, porque cuando se juzgó al ex general Galindo no querían que se suprimiera, de hecho, se presentaron como acusación popular. Dicho esto, el sentido de la Audiencia es la lucha contra el crimen organizado, no sólo el terrorismo. La Audiencia Nacional no tiene fecha de caducidad.
P.- Usted también presidirá la sala del juicio oral del 11-M. ¿Se dan las condiciones necesarias para que el juicio comience en este momento, con la cantidad de agujeros negros que están apareciendo?
R.- Las condiciones para ir a juicio se dan. En febrero celebraremos el primer juicio por los terribles hechos del 11-M. Ahora lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en esos hechos, pero sin ir más allá. Tenga en cuenta que hay cuatro o cinco personas en busca y captura, y el día que aparezcan habrá que celebrar un nuevo juicio. No estamos hablando de un único juicio universal sino de un juicio concreto.
P.- Vamos, que la celebración del juicio no significa que se dé carpetazo al asunto y pueda haber nuevos procedimientos, como ocurrió con el GAL...
R.- Todavía hay algún asunto del GAL coleando. Y lo mismo ocurrirá con el 11-M. Siempre que aparezca un hecho nuevo, con independencia de que aparezca antes, durante o después del juicio, se podrá abrir una nueva investigación. Ése es el sistema procesal español.
P.- ¿Cree que se sabrá la verdad?
R.- Estoy seguro de que se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años. La Justicia puede ser lenta, pero es segura. Somos un remolcador de altura, somos capaces de arrastrar grandísimas cargas a grandísimas distancias. Eso sí, a una velocidad moderada.
P.- Algunos piensan que si cada vez que alguien critica a un juez, éste se siente limitado en su independencia, como ha dicho Garzón, la libertad de expresión no existiría.
R.- No me gusta opinar sobre magistrados que dependen de la Sala, por tanto no me voy a referir al tema Garzón. Pero muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia.
P.- ¿Llamar a un juez presunto prevaricador en un medio de comunicación es un delito, sí o no?
R.- Llamar a un juez presunto prevaricador, así dicho, no tiene por qué ser un delito. Tiene que quedar claro que la libertad de expresión y el derecho a la información, que es un derecho de los ciudadanos, es un derecho indispensable, esencial de la democracia. Por tanto, el único límite al ejercicio de ese derecho son las leyes que tenemos: el Código Penal y las demandas de protección al honor.
P.- Una curiosidad. ¿Por qué cree que Garzón estaba tan interesado en meter mano a los peritos del 11-M?
R.- Yo no estoy en la mente de mis compañeros, lo que sí digo es que el sistema ha funcionado. Garzón no era competente en este caso, y ha pasado a manos de la juez que lo es. Ése es el sistema. Ahora, ¿por qué lo quiso hacer? No lo sé.
P.- Pues algunos piensan que ha metido la nariz en este asunto para sacar al Gobierno de un apuro, y eso cuestiona su independencia...
R.- Habrá quien interprete que una persona que ha sido parlamentario del PSOE; que ha sido secretario de Estado, que luego ha vuelto a la judicatura, está contaminada por su paso por la política y no es independiente. Y habrá quien entienda que con cosas como ésta demuestra que es independiente. Lo sorprendente es que se hable de jueces independientes cuando han estado en la política, y de otros, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es dictar sentencias, se diga que no lo somos.
P.- Sea como fuere, la juez ha llamado como imputado al jefe de los peritos, lo cual tira por tierra toda la instrucción realizada por Garzón, que imputó a los testigos, ¿no?
R.- No necesariamente. La juez Gallego lleva ahora dos temas relacionados: uno el de los documentos remitidos por EL MUNDO al juez Del Olmo, que es del que deriva la toma de declaración como imputado del jefe de los peritos, y otro en el que son imputados por Garzón los peritos, a quienes la juez podrá, o no, levantar la imputación.
P.- Algunos creen que el juez Del Olmo está desbordado por esta investigación, por la complejidad de la misma...
R.- Al juez Del Olmo se le pusieron todos los medios, los que pidió y los que no pidió. Éste es sin duda el juicio al que más medios y tiempo en exclusiva se ha destinado en la Justicia, excepción hecha del de la colza.
P.- Le digo esto porque hasta dejó libre a un imputado del caso por un olvido administrativo, y eso es muy fuerte... Se habló de que podrían haberle retirado del cargo.
R.- Un error lo puede cometer cualquiera, cuestión distinta es que de ese error derive o no responsabilidad. Y este matiz es importante. Lo que no puede ser es que el régimen disciplinario de jueces se haya convertido en una especie de tribunal de honor prohibido por la Constitución, en el que dependiendo del sí o no de la mayoría de la comisión disciplinaria y dependiendo del juez en concreto la resolución es una u otra. Hay jueces que por mucho menos han sido trasladados de esta casa y hay otros que por mucho más siguen en esta casa y seguirán largos años.
P.- Un inciso. ¿Usted cree que la investigación de EL MUNDO es un juicio paralelo al asunto del 11-M?
R.- El periodismo de investigación, que es el que busca nuevas fuentes y abre vías de conocimiento que no están en la instrucción, históricamente ha sido importantísimo, y en España más. Su periódico fue el artífice del asunto de los GAL, y sin sus informaciones eso jamás se hubiera descubierto. Otra cosa son las instrucciones y juicios paralelos. La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia.
P.- Tal vez para ustedes no, pero sí para los políticos.
R.- Para la Justicia, no es un obstáculo, todo lo contrario. Puede que lo sea para los políticos, pero no para los jueces.
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