A VUELTAS CON “LO” DE MELILLA.-

Se puede debatir si solicitar impresos de voto por correo es legal o no, pero llamar a eso "pucherazo", como con clara intención electoral está haciendo el PSOE, no tiene cabida. Estas son las verdades y mentiras del caso del voto por correo en Melilla, oportunamente gritadas a los cuatro vientos desde el PSOE en el momento en que afloran las denuncia de irregularidades de su partido en Galicia con el voto de los emigrantes.
Desde el PP se solicitaron irregularmente impresos de voto por correo, que sólo puede solicitar en la oficina de Correos, y personalmente, el votante interesado. Verdad.
La mentira es que con eso se pretendieran falsificar o manipular los resultados electorales, ya que esos votos no tienen valor alguno hasta que una persona de carne y hueso, con su DNI vaya a Correos con el formulario rellenado y lo entregue.
¿Qué pretendía, entonces, el PP con esta acción? la explicación es simplemente lógica, lo que no quita para la acción no sea correcta:
El gerente regional de campaña del PP, Javier Lence, encargó a la imprenta imprimir 1.000 formularios de solicitud de voto por correo para facilitar a los votantes del PP el trámite de esta forma de voto, que resulta burocráticamente pesada para cualquiera que desee ejercer así su derecho democrático, con contínuos viajes a la oficina de Correos, esperas de colas y tiempo perdido, generalmente en horario de trabajo. Tiempo y esfuerzo que vale oro.
Lence pretendió, imprimiendo las solicitudes, ahorrar al votante del PP que lo solicitara, parte del trámite, y así incentivar al voto a su partido, a quien pretendiera hacerlo pero no fuera a llevarlo a cabo por la dificultad del proceso.
¿POR QUÉ EL PSOE LO SACA AHORA?
En todo caso parece de mala fe hablar de `pucherazo´, cuando lo que se hace, como mucho, es tratar de garantizar que existan formularios para poder ejercitar un derecho, como es el caso. Lo que en todo caso podría ser un `pucherazo´ es que la Administración pusiera trabas para que la gente vote por correo, y una de esas trabas puede ser no poner a disposición de los ciudadanos suficientes formularios de solicitud como ha pasado en Melilla hasta que el Gobierno mandó más formularios.
Y al mismo tiempo, para echar más barro, poco a poco, hay quien pretende volver a sacar a la luz pública unos hechos de 1991. ¿Qué pasó en el 91? Que la Fiscalía imputó a 10 personas del PP de Madrid por supuestos delitos electorales en la tramitación del voto por correo, incluyendo falsificación de firmas y voluntades. Según la denuncia estas personas habrían falsificado firmas para gestionar la solicitud del voto por correo de 3.000 votantes.
Esos hechos denunciados, fueron resueltos por la Audiencia Provincial de Madrid en el año 2000:
* La sentencia declara inocentes a los 10 imputados del PP* En las gestiones para ayudar en los trámites a diversas personas, no se puede hablar de suplantar la voluntad de los electores, y que por lo tanto no se puede hablar de delito.* Y no se puede hablar de falsificación alguna pues no hay hechos que lo prueben.
A todo ello hay que añadir que durante el proceso, casi 10 años de proceso, hubo alguno de los imputados que falleció; murió estando imputado por un delito que no había cometido.
Ese caso causó mucho revuelo, y los medios afines del PSOE lo dieron todo el bombo posible. 16 años después, parecen volver a la carga con un tema que no tiene recorrido alguno como es lo de Melilla.

P. D.